Participación ciudadana deutsch
La democracia consiste fundamentalmente en implicar a las personas en las decisiones que afectan a sus vidas. Pero, a menudo, los ciudadanos no tienen la oportunidad de participar en las instituciones democráticas y en la toma de decisiones. Esto ha provocado una falta de confianza en las instituciones democráticas en todo el mundo.
La capacidad de los ciudadanos para interactuar con las instituciones políticas es fundamental para el futuro de los sistemas democráticos. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son un canal para interactuar constructivamente con el gobierno. Esto ayuda a garantizar que el gobierno preste servicios adecuados y adopte políticas basadas en pruebas.
En la última década, cada vez más gobiernos han adoptado leyes y prácticas que limitan el espacio cívico. El espacio cívico es el conjunto de condiciones que permiten a la sociedad civil y a los individuos organizarse, participar y comunicarse libremente y en igualdad de condiciones. Al restringir este espacio, los gobiernos han limitado la capacidad de los ciudadanos para influir en la política y la sociedad. Según el Civicus Civic Space Monitor 2020, sólo el 3% de la población mundial vive en países con un espacio cívico abierto.
¿Qué significa compromiso ciudadano?
El Marco Estratégico define la participación ciudadana como la interacción bidireccional entre los ciudadanos y los gobiernos o el sector privado en el ámbito de las intervenciones del GBM.
¿Cuáles son los beneficios de la participación ciudadana?
La participación ciudadana puede permitir al público seguir, influir y comprender el proceso que lleva a una decisión, lo que a su vez aumenta la legitimidad de las decisiones difíciles y el apoyo social al cambio.
Red de participación ciudadana innovadora de la OCDE
Este artículo tiene un estilo de citación poco claro. Las referencias utilizadas podrían ser más claras con un estilo diferente o coherente de citas y notas a pie de página. (Octubre 2021) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla)
La ciudadanía activa o ciudadanía comprometida se refiere a la participación activa de un ciudadano en virtud de la ley de una nación debatiendo y educándose en política y sociedad,[1] así como una filosofía adoptada por organizaciones e instituciones educativas que defiende que los individuos, las organizaciones benéficas y las empresas tienen ciertas funciones y responsabilidades para con la sociedad y el medio ambiente. Los ciudadanos activos pueden participar en la defensa y la protesta públicas, trabajando para lograr cambios en sus comunidades.
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Compromiso ciudadano
Hoy más que nunca vivimos tiempos de cambio. Nos enfrentamos a retos nuevos e inesperados. La “política de siempre” en nuestra democracia representativa ya no ofrece lo que la gente espera, lo que provoca un distanciamiento cada vez mayor entre las instituciones políticas y los ciudadanos.
En este contexto, los ciudadanos están dispuestos a implicarse más en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas. El creciente desajuste entre las expectativas de los ciudadanos, las prácticas democráticas existentes y la magnitud de nuestros retos sociales constituye una verdadera oportunidad para las ciudades. Al ser el nivel de gobierno más cercano a las personas, los gobiernos municipales son el lugar donde puede comenzar la democracia y desde donde pueden establecerse conexiones para salvar la distancia entre las personas y la política.
Participación pública
Para adherirse a OGP, los países tienen que comprometerse a defender los principios de un gobierno abierto y transparente suscribiendo la Declaración de Gobierno Abierto (abajo). Al suscribir esta Declaración, los países se comprometen a “fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les ofrezca resultados, y promueva los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI”.
Como miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, nos comprometemos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales aplicables relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno:
Reconocemos que personas de todo el mundo exigen una mayor apertura en el gobierno. Reclaman una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan formas de hacer que sus gobiernos sean más transparentes, receptivos, responsables y eficaces.
Reconocemos