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Probablemente sólo uno de cada siete empleados en España (14%) está afiliado a un sindicato, aunque los resultados de las elecciones a los comités de empresa indican que los sindicatos cuentan con un apoyo mucho más amplio. En España hay dos confederaciones sindicales dominantes, CCOO y UGT, aunque existen otras agrupaciones importantes a nivel regional y en el sector público.
No existen cifras oficiales actualizadas sobre la densidad sindical (la proporción de empleados afiliados a un sindicato) en España. Las cifras oficiales más recientes proceden de la Encuesta sobre la Calidad de la Vida Laboral (ECVT) de 2010, que el Gobierno español ha dejado de realizar. Según estos datos, en 2010 el 16,4% de la población activa estaba sindicada[1]. Si se consideran únicamente los asalariados, que es la base habitual para calcular la densidad sindical, el porcentaje habría sido más elevado, entre el 18% y el 20%, aunque no se puede precisar la cifra, ya que no todos los sindicalistas son asalariados. Sin embargo, la afiliación sindical en 2010 alcanzó niveles récord y las cifras publicadas por las principales confederaciones sindicales muestran que la afiliación ha disminuido en torno a un 20% desde esa fecha (véase más abajo). Al mismo tiempo, el número de empleados ha aumentado, tras caer entre 2010 y 2013. En 2019, había en España un 6,9% más de asalariados que en 2010[2], por lo que la densidad sindical ha disminuido.
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En CCOO somos conscientes de que no todas las plataformas son iguales. Hay algunas en las que los trabajadores son realmente autónomos, pero hay otras que se comercializan como “intermediarias”, “innovadoras” y parte de la “economía colaborativa” para ocultar prácticas de explotación laboral propias del siglo XIX. Estas empresas de plataformas aprovechan los vacíos normativos para eludir sus responsabilidades laborales.
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En concreto, el sindicato aprobó la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), justificado por el desfase contable entre los gastos y los ingresos percibidos. Y esto ha llevado a la organización a registrar pérdidas ininterrumpidas durante la última década, según el digital “Libre Mercado”. “El sindicato ha resuelto no continuar con esta descapitalización y tomar medidas para revertir la situación con el fin de obtener resultados positivos en los próximos ejercicios, que le permitan regenerar su patrimonio y garantizar su viabilidad”, señala en un comunicado.
Según la organización, uno de los motivos que ha precipitado la aplicación del ERE se basa en el incremento de costes derivado de la crisis inflacionista, fenómeno que ha encarecido los salarios de sus trabajadores. Sólo en materia salarial, el incremento de gastos en la sección valenciana del sindicato ha supuesto un aumento de un millón de euros en los dos últimos años, y la masa salarial alcanza los 8 millones, sobre un presupuesto total de unos 15 millones.